A raíz de un interesante post que he leído esta semana, titulado «Contratar hasta no poder más«, hacía yo un comentario que me gustaría desarrollar también en este blog. El tema de partida es el follón que se ha montado con Sacyr en Panamá (enlazo a una noticia de hoy mismo, porque hay cientos de ellas sobre el problema que se ha generado), pero en el post se hace una reflexión interesante sobre el hecho de que las obras del sector público se contratan siempre a la baja…. pero MUY a la baja. Y de hecho, el criterio económico al contratar prima, en los pliegos de las licitaciones, quedando MUY por encima de los criterios técnicos. Y eso es un problema, por razones que deberían ser -aunque no parecen serlo para todo el mundo- evidentes.
En primer lugar: si un proyecto se ha redactado estableciendo un determinado presupuesto, es evidente que la cifra exacta no coincidirá con lo que oferten las distintas contratas que concursen. Pero lo lógico es que se muevan en un entorno de esa cifra, porque, en teoría (y en la práctica es así en un 99% de los casos, o, al menos, eso quiero pensar) los técnicos que han elaborado el proyecto han tratado de ser lo más objetivos posibles y establecer unos precios de mercado razonables para las distintas partidas. Desde luego, así lo hemos hecho en nuestro caso siempre, y así lo han hecho los técnicos que conocemos que hayan realizado proyectos para las administraciones. Es obvio, también, que el establecimiento de precios dista (mucho) de ser una ciencia exacta, pero las cifras globales deberían ser suficientemente aproximadas. ¿Qué es lo que debería permitir a una empresa bajar los precios? Pues su competitividad, su red de proveedores, su gestión de costes…. Todo ello dentro de un margen razonable. Entendiendo esto, contratar, como ha sucedido en alguna ocasión, con un 60% de baja no es razonable. No me lo parece ni un 30% tampoco. Si se puede ejecutar la obra con esas bajas es que los técnicos han fallado por mucho. En realidad, cuando se licita una obra así, todo el mundo sabe que no es posible acabarla con ese dinero. Y cuando digo todo el mundo, me refiero, como mínimo, a la propia empresa constructora, a los técnicos, y a la propia administración. Las empresas confían en evitar las pérdidas (que es lo que tendrían si acabasen la obra tal como la han ofertado) con modificados de proyecto, revisiones, presiones, paralizaciones, liquidaciones…. maniobras varias, permitidas (en general) por la ley, asumidas y permitidas por la propia administración, archiconocidas por las empresas, y sufridas en mayor o menor medida según el carácter y la profesionalidad de cada uno, por los técnicos.
Es, por tanto, un sistema que favorece este juego de mentir para luego «dar el palo». Favorece también que las obras se ejecuten por las empresas yendo a «mínimos», porque no tienen margen de maniobra, lo cual, implícitamente, supone una necesidad de un control casi policial -en vez de exclusivamente técnico y económico- por parte de la dirección de obra porque la presunción de la buena fe se pierde.
A ver: traslademos esto al sector de las obras pequeñas, de particulares o pequeños promotores. ¿Verdad que parece mala idea que se contrate la obra a la opción más barata sin más consideraciones? ¿No nos hace sospechar alguien que está un 35% más barato de lo que parece razonable? En esos casos, se advierte al cliente, salvo que se tengan muy buenas referencias de la empresa en cuestión, o que ésta de una explicación detallada de esa bajada de precio, del riesgo de que, a mitad de obra, o bien le «den el palo» en lo económico o, peor aún, de que le dejen la obra a mitad y «salgan corriendo» dejando los trabajos sin realizar, por la sencilla razón de que la empresa no puede en realidad asumir los gastos en que incurre. Quien va a contratar, debe, por tanto, sopesar muy bien semejante decisión.
Pues este mismo riesgo existe en las grandes obras licitadas por concurso, sólo que parece que en este caso, cuando el cliente es la administración, parece que el engaño no es algo tan serio, puesto que no se «tima» a una persona en concreto. Es algo muy español, todo sea dicho: el dinero de todos no es de nadie…. algo que resulta falso porque el dinero sigue siendo de todos. Y expoliar a una administración (desde dentro o desde fuera) es -moralmente-robar a millones de ciudadanos.
No me resisto a citar, desde el artículo que indicaba al principio, la carta del Marqués de Vauban al ministro de Luis XIV, Marqués de Louvois, que resume muy bien la filosofía que impera, y la que debería imperar -el resaltado es nuestro-:
“Monseñor:
… Hay algunos trabajos en los últimos años que no han terminado y que no se terminarán, y todo eso, Monseñor, por la confusión que causan las frecuentes rebajas que se hacen en sus obras, lo que no sirve más que a atraer como contratistas a los miserables, pillos o ignorantes, y ahuyentar a aquellos que son capaces de conducir una empresa, yo digo más, y es que ellos retrasan y encarecen considerablemente las obras porque esas rebajas y economías tan buscadas son imaginarias y lo que un contratista que pierde hace lo mismo que un náufrago que se ahoga, agarrarse a todo lo que puede; y agarrarse a todo, en el oficio de contratista, es no pagar a los suministradores, dar salarios bajos, tener peores obreros, engañar sobre todas las cosas y siempre pedir misericordia contra esto y aquello.
De ahí bastante, Monseñor, para hacerle ver la imperfección de esa conducta; abandónela pues, y, en nombre de Dios, restablezca la buena fe; encargar las obras a un contratista que cumpla con su deber será siempre la solución más barata que podréis encontrar.”
Es más, la voy a tener siempre disponible para enseñársela a nuestros clientes. Incluso a nuestros clientes potenciales…. porque lo mismo vale para contratar una obra que un proyecto que algunos otros miles de cosas.